Desde que ocuparon la mina, en octubre de 2007, hasta la fecha, cerca de 240 "trabajadores clandestinos" o avasalladores obtuvieron ganancias ilícitas por 144 millones de bolivianos mediante la explotación y comercialización ilegal del wólfram, denunció ayer el asesor jurídico de Empresa Minera Himalaya (EMH), Raúl Azurduy.
"La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en un informe del 14 de julio de 2011 asegura que el yacimiento tiene una producción mensual de 3.02 Toneladas Métricas Finas (TMF), aproximadamente, cuya venta representaría más o menos un valor de 3 millones de bolivianos mensuales", afirmó el representante de Himalaya.
Dijo que los avasalladores, "quienes constituyeron una organización fuera de la ley, al comercializar clandestinamente los minerales, no registran su nombre ni su procedencia; consecuentemente no pagan derechos ni obligaciones que las leyes imponen".
Azurduy, estimó que solo por este concepto, la Gobernación de La Paz "ya ha perdido 7.2 millones de bolivianos en los últimos cuatro años, sin contemplar los daños inferidos a Comibol y al Estado ya que su participación en las ganancias es nula", dijo.
También hizo notar que los ilegales están provocando una gravísima contaminación con la utilización de ácidos.

ACTA ILEGAL SIGUE VIGENTE
Sobre el acta que avala la toma de la mina por parte de los avasalladores, restándole derechos a EMH como arrendataria legal, el asesor jurídico de la empresa, Raúl Azurduy, informó que Carlos Huayta y Augusto Morales, representantes de los que ocuparon violentamente la mina hace cuatro años, y que actualmente explotan de manera ilegal el yacimiento de Himalaya, figuran entre quienes firmaron el "acta de reunión" que entre sus seis puntos acuerda la resolución del contrato de la empresa con la estatal Comibol.
La pasada semana, la empresa remitió notas oficiales a las autoridades de Comibol y del Ministerio de Minería impugnando la validez legal del "acta de reunión". Azurduy recordó que hasta la fecha ya enviaron tres cartas pidiendo audiencia oficial para hacer conocer sus fundamentos legales y técnicos.
"Es más -reiteró- los cabecillas del avasallamiento cobran el 11% de la venta de los minerales ilegalmente explotados, a titulo de supuestas ‘regalías mineras’ que, por supuesto, nunca son declaradas al Estado", dijo.