El canciller Héctor Timerman expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y advirtió sobre el “severo riesgo ambiental” que implica la explotación de los recursos naturales en las Islas Malvinas por parte de empresas británicas. Ante el plenario legislativo también reiteró las denuncias del incumplimiento británico de las resoluciones de las Naciones Unidas. “La explotación de ese recurso (petróleo) realizado a 14 mil kilómetros de distancia de la metrópoli y a 700 kilómetros de las costas argentinas implica un severo riesgo ambiental”, sentenció Timerman. Además, el canciller agregó que, en caso de “un accidente, como ocurrió en el Golfo de México o en el Mar del Norte, se creará un caos”. Y advirtió: “Nosotros y los hermanos del Mercosur seremos las principales víctimas.”
Además –casi al mismo tiempo que el ministro de Energía británico, Chris Huhne, calificaba como “decepcionante” la campaña de prospección petrolera en las Malvinas– Timerman señaló que a través del incumplimiento de las resoluciones de la ONU Gran Bretaña utiliza, explota y se beneficia “con los recursos naturales renovables y no renovables que existen en el territorio ocupado”.
Luego de la exposición realizada por el canciller respecto del conflicto, los senadores firmaron el proyecto de declaración que manifiesta el “más enérgico repudio” de la Cámara Alta a las declaraciones del primer ministro David Cameron por haber calificado de “colonialistas” las pretensiones argentinas sobre las Malvinas, en tanto “condena” todos los actos de “exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables” en los territorios de Malvinas, Sandwich, Georgias y su espacio marítimo circundante.
El consenso obtenido en la redacción del documento, que contó con el apoyo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, fue destacado por el presidente de la Comisión, el senador porteño por el Frente para la Victoria (FPV) Daniel Filmus, quien consideró “la unanimidad de la política argentina” como “uno de los baluartes del reclamo sobre Malvinas”.
Por su parte, Timerman se mostró de acuerdo con la confección del documento que será debatido en el Congreso durante el período de sesiones ordinarias, y manifestó que “Argentina tiene cercenado parte de su territorio por una potencia colonial”.
“No hay ningún motivo para que Gran Bretaña aduzca que tiene algún tipo de derecho sobre las Malvinas”, expresó Timerman, quien, además, sostuvo que “la integridad territorial es el eje sobre el cual se debe discutir el tema de la soberanía”.
En relación con la voluntad británica de esgrimir la “autodeterminación de los pueblos” como principal argumento, el canciller sostuvo que “Gran Bretaña y Argentina son las únicas dos partes en conflicto”. “Este conflicto se rige por la integridad territorial, y no el de la autodeterminación de los pueblos, porque en 1833 los argentinos fueron expulsados de las Islas Malvinas y remplazados por una población traída desde la metrópoli”, explicó.
El funcionario recordó que en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el diferendo entre la Argentina y el Reino Unido era una manifestación de “un problema colonial” y que la única forma de afrontarlo “debía ser la negociación directa”.
En el mismo sentido, Timerman destacó que la ONU nunca aludió a los kelpers como una tercera parte del conflicto y precisó que los británicos “jamás aplicaron el concepto de autodeterminación en ninguno de sus territorios coloniales del pasado y del presente”. El jefe del Palacio San Martín manifestó que “un diario londinense recordó en estos días que el Reino Unido nunca consultó la voluntad de los habitantes de Hong Kong y directamente negoció el traspaso del dominio con el gobierno chino”.
De igual modo se pronunciaron el radical Juan Carlos Marino, el socialista Rubén Giustiniani y el ex senador y ex ministro radical Rodolfo Terragno, quien recordó la existencia de un proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara Alta, en que se pide al Parlamento inglés que respete un acta firmada en 1983 en la que se consideran ciudadanos británicos plenos a los pobladores de las islas.
“El propio Parlamento británico sancionó la ley llamada British Nationality Falkland Islands Act 1983 que estableció que los isleños son lisa y llanamente británicos. Es decir, que no constituyen, en los términos de la ONU, un pueblo, razón por la cual no les asiste el derecho de autodeterminación”, concluyó Terragno.<