China ha dado orden a sus aerolíneas de que no paguen por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de sus aviones, en un claro desafío a la Unión Europea (UE), que desde el pasado 1 de enero obliga a todas las compañías aéreas con vuelos que aterrizan o despegan en Europa a compensar económicamente por la contaminación que producen. El plan amenaza con provocar una guerra comercial, que podría acabar en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Más de 20 países, incluidos también Estados Unidos, India y Rusia, se oponen a la medida europea.
La prohibición de Pekín, anunciada hoy, se refiere al sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS, en sus siglas en inglés), que obliga a las aerolíneas a pagar, a partir de 2012, por cada tonelada de CO2 que emitan en rutas con origen o destino en la UE. El plan está destinado a luchar contra la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global, por parte de la industria del transporte aéreo.
“La Administración de Aviación Civil de China ha publicado recientemente una directiva que prohíbe a todas las aerolíneas en China participar en el ETS de la UE sin la aprobación de los departamentos relevantes del Gobierno”, dice en un comunicado el Consejo de Estado, que tampoco permite valerse de la decisión europea para incrementar las tarifas.
Pekín ha dicho repetidas veces que se opone a la medida y que conducirá a “una guerra comercial”. Según afirma, se trata de “una barrera comercial en nombre de la protección medioambiental”, que “asestará un golpe a los beneficios de los pasajeros y la industria de las aerolíneas internacionales”.
La Asociación de Transporte Aéreo China (CATA, en sus siglas inglesas) instó el mes pasado a las empresas de su país a que se nieguen a participar en el plan. La organización afirma que la medida costará a las transportistas chinas 800 millones de yuanes (97 millones de euros) el primer año y más del triple para 2020. La tasa afectaría a todas las grandes aerolíneas del país asiático -incluidas Air China, China Eastern y China Southern-, ya que vuelan a numerosos destinos europeos, entre ellos España.
La Comisión Europea defiende que el coste es asumible por las transportistas porque, según estima, supondría entre 4 y 24 euros por billete de ida y vuelta en un vuelo de largo recorrido. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en sus siglas en inglés), que representa a 240 compañías con el 84% del tráfico aéreo mundial, calcula que la nueva normativa contra las emisiones costará a las aerolíneas hasta 900 millones de euros este año y 2.800 millones de euros en 2020.
El comunicado del Consejo de Estado pide más diálogo para resolver la disputa, pero lanza una advertencia. “El lado chino considerará también tomar las medidas necesarias para proteger los intereses del público y los negocios chinos, en función de cómo evolucionen los acontecimientos”.
El endurecimiento del conflicto, que se produce una semana antes de la cumbre China-Unión Europea en Pekín, podría desencadenar la imposición de multas y, en caso extremo, la prohibición a las aerolíneas afectadas de utilizar los aeropuertos de la UE.
Según el ETS, la compañía que no cumpla el plan tendrá que hacer frente a una multa de 100 euros por tonelada de dióxido de carbono emitida. En caso de reincidencia, podría ser vetada en los aeropuertos. Pero es poco probable que ninguna sea castigada de momento, ya que tienen hasta el 30 de abril del año que viene para calcular sus emisiones anuales y comprar los derechos de contaminación para 2012.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en diciembre pasado en contra de un grupo de aerolíneas estadounidenses y canadienses que denunciaron el plan europeo porque, según dijeron, incumple varios convenios internacionales -entre ellos el Protocolo de Kioto-, supone un gravamen encubierto al combustible y vulnera el derecho internacional. El tribunal sentenció que la medida “no infringe ni los principios de la ley internacional habitual en cuestión ni el Acuerdo de Cielos Abiertos”, que cubre los vuelos transatlánticos. La asociación de compañías aéreas estadounidenses ha asegurado que sus miembros cumplirán la ley, a regañadientes, mientras toman acciones legales en contra.