El vicepresidente Amado Boudou, mientras estuvo en ejercicio del Poder Ejecutivo por enfermedad de la jefa del Estado, realizó la presentación de nuevos camiones volcadores y compactadores de residuos para cinco comunas bonaerenses e hizo una defensa de las políticas ambientales impulsadas desde el Estado, las cuales, según Boudou, marcan "el rumbo donde está la Argentina en materia de ecología y reparación de problemas ambientales".
En el mismo acto se encontraba presente el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, quien ha manifestado que "al cabo de cinco años" el Riachuelo "no tiene que tener más vuelcos de ninguna naturaleza" y que las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo llevarán cinco años más.
Si bien es cierto que han existido avances en la gestión, resulta apresurado hacer manifestaciones que, en mucho, se asemejan a las que tantas veces se han realizado en relación con este maltratado curso de agua.
Es que, más allá del reciente anuncio de que se invertirán 2800 millones de pesos en desagües, aún no se pusieron en marcha las obras de infraestructura para contener la contaminación cloacal; tampoco se inspeccionaron todas las empresas que vierten sustancias contaminantes sobre la cuenca, ni se ha definido un plan de ordenamiento territorial.
Es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 8 de julio de 2008, fijó tres objetivos fundamentales a cumplir por parte del Estado nacional y los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la recomposición del daño ambiental de la cuenca, de mejorar la calidad de vida de la población y de prevenir daños futuros.
La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) no ha definido aún qué significa recomponer el ambiente, cuestión que resulta fundamental para interpretar las definiciones expresadas por Mussi.
En tal sentido, varias organizaciones que integran ese cuerpo colegiado y el defensor del pueblo de la Nación han manifestado en reiteradas oportunidades que es necesario perseguir la recomposición total de la cuenca, que no sólo incluye su saneamiento, sino el cumplimiento simultáneo de los tres objetivos establecidos por la Corte.
Sin duda, esos fines no podrán alcanzarse si no se establece un cambio de patrones de producción, organización y consumo de todas las actividades productivas, residenciales y de transporte que se realicen en la cuenca, aspecto sobre el cual todavía no se ha avanzado lo necesario para fundar de manera adecuada las afirmaciones del secretario del Ambiente de la Nación.
El saneamiento de un río que recorre 65 km, a la vera del cual vive una población cercana a los 5 millones de personas, es una acción que requiere el compromiso y la participación de todos los actores políticos, sociales y económicos, y de la ciudadanía.
Por la importancia y envergadura de la tarea que requiere el Riachuelo no se necesitan más promesas de carácter político: si efectivamente se busca alcanzar el verdadero saneamiento de la cuenca, sería deseable que se realizara una convocatoria amplia para lograr un proceso de participación política y social que establezca una verdadera y sólida política de Estado para el Riachuelo. Eso incluye definir cuál es la cuenca que esperamos para 2016 y para los años sucesivos y, fundamentalmente, cuáles son las políticas y las acciones necesarias para lograr su saneamiento definitivo y su recomposición..