Casi a la misma hora del viernes en que aterrizó en Buenos Aires Antoni Brufau, presidente de la española Repsol, principal accionista de YPF, para interiorizarse de los cuestionamientos oficiales a la empresa local, el Gobierno anunció la eliminación de beneficios fiscales por $ 2.000 millones anuales para las petroleras cerrando los programas Petróleo Plus y Refino Plus.
Las principales afectadas son Pan American Energy (PAE) en producción de gas y petróleo, e YPF en los proyectos de refinación en Luján de Cuyo y Ensenada, pero la medida pareció enfocada sobre todo en la exempresa estatal.
El sábado a la tarde, con Brufau en la Argentina presuntamente en contacto con el Gobierno para entrevistarse con Cristina de Kirchner, el ministro Julio De Vido, al justificar la eliminación de los beneficios fiscales, dijo que «a pesar de que YPF tiene el 60% del mercado de combustibles, no hizo las inversiones para ampliar sus refinerías en los tiempos que requiere el crecimiento sostenido de la demanda».
De Vido afirmó además que «YPF no realizó inversiones en exploración ni puso en marcha los yacimientos de shale oil, ni siquiera presentó esquema creíble y sustentable para su puesta en valor». Y también que: «Estos yacimientos de petróleo no convencional fueron descubiertos a partir de los beneficios del programa Petróleo Plus (ahora eliminado), pero por el momento sólo sirvieron para activar balances, porque YPF no los puso todavía en producción».
Estas afirmaciones parecieron contrarrestar la posibilidad de que De Vido o su segundo, el subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, fueran el puente para negociar un encuentro con la presidente que dé una solución al conflicto entre el Gobierno y la principal empresa del país.
Si éste fuera otro caso de la vieja táctica kirchnerista de golpear antes de sentarse a negociar, lo que se ve es que los embates fueron varios, seguidos y encabezados por la propia Presidente. La situación, por lo inédita, está dando pie a versiones y especulaciones que no terminan de cerrar.
El Gobierno no tiene la plata para reestatizar YPF, ni siquiera una parte de ella. Además, si el objetivo fuera la nacionalización de toda la empresa, el Gobierno se estaría jugando la relación con España y con los otros países de la Unión Europea, donde los bancos, en medio de la crisis, encima perderían dinero por sus créditos a Repsol o por la tenencia de acciones.
Tampoco habría fondos suficientes del Tesoro para comprar el 25% que tiene el grupo local Eskenazi, y hasta ahora no parece haber fisuras entre ese grupo y Repsol como para pensar que los españoles aceptarían un cambio de socio local, después de las recomendaciones que el propio Gobierno le hizo en 2007 sobre la empresa con la que se asoció y a la que le cedió el gerenciamiento.
Si todo esto tuviera una lógica previsible, Brufau y los Eskenazi se comprometerían a invertir parte de las utilidades de este año, fijarían un monto y un destino, y presentarían un plan para desarrollar las reservas no convencionales. Luego todo podría cerrarse con un encuentro con Cristina o, por lo menos, con De Vido.
Pero como nadie sale a poner paños fríos, ni de un lado ni del otro, un cierre rápido parece difícil. Llamativamente, tampoco puede demorar mucho: si Brufau se va sin un encuentro público con la Presidente o con De Vido, la novedad sería preocupante, porque el conflicto seguiría escalando. En principio, la extinción de la concesión de un área, apelando a la ley de hidrocarburos, podría ser otro hecho en este desencuentro, pero también daría lugar a un litigio en sede judicial de final incierto.